La primera advertencia llega oculta, dentro del pequeño cesto de hojas de palma en donde se depositan las limosnas dominicales. Un papelito redactado a mano, con letra errática, de trazo irregular, como de alguien que no sabe escribir: Padre cierre la boca. No se meta en problemas.
El segundo aviso, frontal y sin espacio para las dudas, llega casi un mes después, en la voz casi infantil de un muchacho de unos 16 años, delgado, de facciones mestizas y color moreno de piel, con una cicatriz en la ceja derecha que puede notarse en la luz recién apagada del presbiterio donde se ha escondido: me mandan a decirle que es la última, padrecito… que ya le pare o lo paramos… usted decide.
El sacerdote incómodo, llamémosle Padre Rolando, acaba de cerrar su iglesia. Está solo, a merced de lo que decidiera hacerle su agresor.
Como no han pasado ni seis meses desde el secuestro de otro religioso de la región –el joven Santiago Álvarez, un sacerdote veinteañero desaparecido sin dejar rastros la tarde del 27 de diciembre de 2012, luego de oficiar misa en el pueblo de Jacona, en el occidente michoacano— el clérigo se toma el asunto con absoluta seriedad: cuando el chico se va dejándolo ileso, llama de inmediato al obispo de Zamora, Javier Navarro, y le notifica la amenaza.
Ya en un par de ocasiones, en esos últimos meses, le han llegado rumores de que su trabajo en comunidades rurales, con jóvenes rescatados de las drogas y de la delincuencia organizada, no es del agrado de Alguien muy poderoso en la región.
Ambos mensajes, el primero oculto en un fajo de cinco billetes de 100 pesos unidos por una liga y el segundo verbal, coinciden en forma y letras con los que ha recibido antes otro padre, Pedro Gutiérrez, secuestrado en marzo de 2009 en un paraje carretero de Acuitzio del Canje, un poblado muy cerca de Pátzcuaro, por oponerse al dominio de fuego y miedo de los Caballeros Templarios.
Por esos días, en Apatzingán ya han sido cerradas por lo menos tres parroquias, amenazadas todas por sus actividades sociales, en medio de la lucha contra el crimen organizado. Y en Parácuaro, dos iglesias han sufrido conatos de incendio y robos, luego de avisos del mismo tipo, que se suman a otros 355 reportes de amenazas de muerte que denuncian sacerdotes de todo el país en 2013.
Para la jerarquía católica en Michoacán no hay dudas. El ultimátum contra el Padre Rolando ocurre en un peligroso triángulo que es escenario de amenazas, secuestros y extorsiones.
Un triángulo de fuego y amenazas contra los sacerdotes católicos, conformado por los territorios de las diócesis de Morelia, Zamora y Apatzingán, donde la agresividad contra ellos ha escalado en apenas cinco años, igual que ha ocurrido en todo el país.
La prueba de todo está en el informe Agresión contra sacerdotes en México de 1990 a 2013. Reporte Especial 2013, un minucioso recuento elaborado por el sacerdote Sergio Omar Sotelo y el periodista de asuntos católicos Gustavo Rangel: entre 2006 y 2012 se cometen 22 homicidios, de los cuales 15 son sacerdotes encargados de parroquia. La muerte ronda a las sotanas.
Si el sexenio de Felipe Calderón se erige como el más sangriento para el sacerdocio mexicano en tiempo de paz en la historia moderna, con el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto las cosas no pintan mucho mejor: son asesinados cuatro religiosos y se ha reportado el secuestro de tres más.
México, pues, ya erigido como el primer lugar en crímenes de odio contra sacerdotes, religiosos y laicos en América Latina, no es un lugar para andarse con titubeos: a muchos de esos crímenes les anteceden mensajes similares, escenarios semejantes: un papel, un aviso verbal: señor cura, no se meta.
Por ello, luego de solicitar apoyo para la protección de los suyos –dos integrantes de su familia dependen de él y viven acompañándole- el Padre Rolando, cuya verdadera identidad se reserva para garantizar su seguridad, pide su cambio de parroquia. Urgente.
En menos de dos meses, en coordinación con las diócesis de Morelia y Querétaro, desde Zamora se organiza el desplazamiento del sacerdote amenazado.
Se le encomiendan tareas administrativas y se le envía a una pequeña parroquia queretana, desde donde aguarda, como él mismo dice, “que el amor del Señor reconforte los corazones llenos de odio de toda esa gente que desea el mal”, mientras el peligro pasa. Si es que pasa.
Contra el mensajero… de Dios
El caso del Padre Rolando es apenas una historia entre cientos. Si los números dicen verdad, México se ha convertido en un infierno verdadero para los mensajeros de Dios en apenas una década: asesinatos por decenas, secuestros, extorsiones. Miedo.
Ese es el valor de los datos del informe compilado por el sacerdote Sergio Omar Sotelo, que son del conocimiento pleno de los cuatro cardenales, los 17 arzobispos y los 73 obispos mexicanos: reunidas las pistas dispersas, se confirma la violencia sistemática contra el sacerdocio católico mexicano que también tiene su víctima torturada, su encajuelada, su ejecutada por los narcos, su efecto colateral, su encobijada y martirizada, para obligarla al silencio.
Porque todo cuando saben ellos de sus comunidades, de sus feligreses, puede representar un peligro para algunos, como va a relatar el Padre Rolando.
La iglesia católica en un Estado fallido
-Lo que puedo decir, está perfectamente resumido en la carta de Monseñor Miguel Patiño (Obispo de Apatzingán)… es lo que está ocurriendo, en Michoacán y en muchos otros estados del país- dice el Padre Rolando, un hombre aún joven, moreno, correoso, en cuya voz parece haber susurros permanentes.
Se refiere al controvertido comunicado público que, en octubre de 2013, ha difundido monseñor Miguel Patiño, donde ha expuesto el clima de terror y violencia prevalecientes en esa región, y en el cual por primera vez un alto representante de la jerarquía católica impone el apelativo “Estado fallido” a las condiciones sociales, políticas y económicas de una entidad:
“El estado de Michoacán tiene todas las características de un Estado Fallido. Los grupos criminales: Familia Michoacana, Zetas, Nueva Generación y Caballeros Templarios, principalmente, se lo disputan como si fuera un botín. La Costa: para la entrada de la droga y los insumos para la producción de las drogas sintéticas; la Sierra Madre del Sur y la zona aguacatera: para el cultivo de mariguana y amapola, el establecimiento de laboratorios para la producción de drogas sintéticas y refugio de los grupos criminales. Las ciudades más importantes y todo el Estado: para el trasiego y comercio de la droga, “venta de seguridad” (cuotas), secuestros, robos y toda clase de extorsión”.
-El sufrimiento de la gente, por el crimen, nos obliga a estar cerca de ellos. No hay otra manera de ejercer el ministerio de Dios, sino velando por el bien de todos… y eso te confronta con quienes se unen en maldad –dice el Padre Rolando.
Es un desplazado. En menos de cuatro años, en su parroquia, como en otras de la región, se multiplican las denuncias por levantones, que involucran a gente de todas las edades; las extorsiones y el cobro de cuotas, que hacen migrar a familias enteras. Incluso, en la cúspide del terror, ocurren homicidios que, en muchos casos quedan en total impunidad.
-¿Fue la denuncia de esas condiciones lo que a usted le exigían callar?
-En muchos estados del país hay un poder por encima de los poderes legales. Y ese es el poder de la violencia y la impunidad. Si no hay autoridad que lo impida, como ha sido el caso, ese poder se convierte en una fuerza poderosa- dice.
A través de correos electrónicos, de llamadas telefónicas, incluso a través de redes sociales, la comunidad católica de su parroquia le hace llegar denuncias de abusos y extorsiones, que él mismo expone en el púlpito y reenvía a otros sacerdotes y parroquias, como forma de aviso.
Aún cuando siempre evita referirse a un responsable en particular -si la autoridad los conocía y no hacía nada por detenerlos ¿qué iba a lograr yo?-, la gente recibe el mensaje y utiliza el atrio de su iglesia para discutir medidas de acción. Surgen autodefensas.
Recuerda un suceso:
Tiempo después del secuestro del padre Santiago, en Jacona, los habitantes de la región comenzaron a hacer una investigación paralela sobre el asunto. Así supieron que el automóvil en que viajaban el padre y cinco personas más, entre estas una monja, había sido seguido desde días atrás por distintas camionetas, una de éstas ocupada por elementos de la policía local. El día del secuestro, según relataron los testigos, el comando de plagiarios contaba a dos uniformados. Sólo se llevaron al sacerdote.
Cuando fue puesto en libertad, tiempo después, el indicio sobre la participación de policías locales fue eliminado de las indagaciones, omitido, lo que al final concluyó en una averiguación encarpetada, que no dio como resultado alguna detención o encarcelamiento alguno. Impunidad absoluta.
-Algo así estaba ocurriendo con la gente de mi parroquia. La autoridad oficial se coludía con la autoridad de facto, dejando a la gente a merced de la extorsión, la violencia y el miedo- dice.
El asunto, en muchas poblaciones, alcanza incluso a las propias parroquias, que deben pagar cuotas mensuales de entre cinco mil y cincuenta mil pesos, a cambio de que la delincuencia permita la asistencia de los fieles a las homilías.
El Padre Rolando me muestra un correo electrónico. Es una cadena de información que ha circulado entre curas católicos de la región occidental de Michoacán. En el mensaje dice “Alerta de misa”. El contenido, escrito con faltas de ortografía y un lenguaje plenamente vulgar, dice:
“A esos pinches padrecitos que ze creen que ay (sic) son la autoridad, el domingo les vamos a llenar su iglesias de muertitos pa que aprendan a ovedecer”.
Lo que va a ocurrir a continuación, sacude como un terremoto a toda una iglesia.
“Ya sabe, Padre… o se va o lo vamos”
Es media tarde. En la radio vespertina el Padre Gregorio López, administrador de una parroquia en Apatzingán, vuelve a ser noticia: es el mismo que semanas atrás, con chaleco antibalas y un lenguaje más llano que religioso, se gana la presencia constante en todos los medios de comunicación:
“Aquí ya sé cómo masca la iguana, cómo corre el agua, sabemos cómo está todo. Tenemos la fuente de la gente. Sabemos cuántos muertos y secuestros hay. Cuántos ranchos han robado, qué ministerios públicos, notarios y policías están con ellos. Sabemos la corrupción que hay en la Presidencia Municipal; le digo a Enrique Peña que le beso los pies el día que tenga en la cárcel a Nazario Moreno, a Enrique Plancarte Solís y a Servando Gómez Martínez. No agarren al Chiclano, él es el mil de Los Templarios. Agarren al uno, al dos y al tres y le beso los pies”.
-¿Lo conoce, Padre?-
-Sí. No lo conozco muy bien, pero sí. Por supuesto.
-¿Qué le parece?
-Nuestro Santo Padre dijo: nosotros somos administradores de los sacramentos, somos portadores del evangelio, pero no somos sus dueños. Si servimos, lo hacemos en el nombre de Dios, por obra y gracia de Dios, no por afanes personales. El mandato de humildad tiene una razón de ser.
No le pregunto más sobre eso. Se lleva el dedo índice a la mitad de los labios y me hace comprender su silencio:
Cuando llega a su parroquia, a finales de 2012, en la pequeña población ya han aparecido cuerpos descuartizados, ya han incendiado camionetas, y hasta han colgado un par de cuerpos en el único puente peatonal que hay en kilómetros a la redonda. La zona hierve.
Su antecesor, un hombre que durante más de siete años ha servido a un pueblo de no más de 10 mil habitantes, ha sido prácticamente expulsado por el crimen organizado, bajo amenazas de muerte lo que obliga al Obispo de la diócesis, en Zamora, a buscar un sustituto.
La designación no es fácil. Cuando se expone ante el Consejo Presbiterial la razón de la vacante, y que el sacerdote saliente incluso ha solicitado la renuncia al sacerdocio, comienza un debate. ¿Es pertinente o no nombrar a alguien más en su lugar?
Ocurre ahí lo que se denuncia en aquel informe: a los clérigos se les exige cuota en especie, que van desde automóviles, camionetas, aparatos electrónicos o incluso terrenos y bienes inmuebles, a cambio de no ser atacados.
También se les obliga a proporcionar resguardo para armas y drogas, así como almacenaje de diversos productos, generalmente ilícitos, incluso en las mismas sedes parroquiales, como ha ocurrido en todo Michoacán y en zonas como Acapulco y la región de Tierra Caliente, en Guerrero; Monterrey y San Fernando, en Nuevo León; Guadalajara, en Jalisco; Torreón y Comarca Lagunera, en Coahuila; y en Culiacán, Badiraguato, Mazatlán y Navolato, en Sinaloa.
Cuando el obispo le informa de su nombramiento, con carácter de eventual, el Padre Rolando dice que sí. Comienza a oficiar, aunque carezca de nombramiento.
Sin embargo, las presiones del crimen organizado aumentan. Llamadas telefónicas amenazantes, papeles, pintas en las paredes vecinas. No quieren a ningún sacerdote en la zona, pues eso significa ojos y oídos abiertos a cuanto acontece en la población. El silencio como obligación. El obispo posterga el anuncio oficial.
Después de tres intentos fallidos de anunciar el nombramiento definitivo, el Padre Rolando es amenazado de muerte igual que sus antecesores y aún un padre eventual más: al parecer el mismo muchacho, ni siquiera los 20 años, pistola en mano les lanza:
-Ya sabe, Padre… o se va o lo vamos.
Entonces ocurre un acto sin precedentes en la historia reciente del catolicismo: el obispo emite un comunicado en el que anuncia:
“Con sincero dolor les comunico que por ahora no he nombrado otro sacerdote que atienda la parroquia, hasta que la propia comunidad me garantice que no será maltratado, amenazado ni impedido para prestar su servicio pastoral”. El cierre definitivo de la parroquia se hace efectivo de inmediato.
-De lo que alcanzo a recordar, no hay registro de casos parecidos en esta época. Ocurrió durante la Revolución, en la época de la guerra de Cristo, allá en los 20, pero no ahora… ni con tanta frecuencia- dice el Padre Rolando. En su rostro noto cierto asomo de tristeza, de derrota.
-¿Es errónea mi percepción?-
-Hermanos de todo el país están padeciendo el mismo flagelo. Y las decisiones de nuestro señor Obispo, en nuestro caso, nos llaman a enfrentar de forma positiva y pacífica estos desafíos. Estoy encomendado a Dios nuestro señor- dice.
Toma entre sus manos unas hojas que están sobre su escritorio. Me mira y comienza a leer. Es una frase de San Agustín, quien parece haberse convertido en figura de batalla de los obispos mexicanos de estos tiempos:
“Cuando el peligro es común a todos, quienes tienen necesidad de los demás no deben ser abandonados por aquellos de quienes tienen necesidad. Esta es la prueba suprema de la caridad”.
-Padre ¿hubiera preferido quedarse?
-No era algo que pudiera decidir por mí mismo-
-¿Tenía miedo?
-No. Miedo no. Me preocupa la condición de miles de hombres y mujeres de bien que están sometidos. Y me preocupa el desinterés de las autoridades. Han abandonado a su pueblo- dice.
Quiere caminar un poco. El entorno para él ha cambiado radicalmente. Y el contacto con la gente todavía es mínimo. Por su seguridad, no oficia misas sino que realiza tareas administrativas y de recopilación de datos. Como si fuera un académico en año sabático, el padre desplazado lee, estudia, analiza. Y aplaca sus dudas.
-A otros hermanos no les ha ido tan bien. ¿Sabes de los asesinatos, no?
Me platica del más sangriento. Un párroco de Tamaulipas a quien, por negarse a oficiar una ceremonia en un local acondicionado para rendir culto a la Santa Muerte, le estrellaron un bate de beisbol en plena nuca. Dos golpes. ¿Para qué más? El sacerdote terminó en la sala de terapia intensiva de un hospital, con posibilidades mínimas de recuperarse al ciento por ciento. Será casi un vegetal.
-¿Todo esto es temporal?-
-No. Lamentablemente las amenazas de muerte fueron directas contra mi y contra mi familia –dice. Se queda callado. Hace una señal con la cabeza y me pide terminar con la entrevista.
El ministerio consagrado a Cristo también exige prudencia y no hay lugar para las equivocaciones, ni para el titubeo, como ha de comprobarlo por sí mismo el máximo jerarca católico del país, el Arzobispo Primado de México, Norberto Rivera Carrera.
“Que Dios nos ampare…”
Es diciembre de 2013. Durante una homilía en el Seminario Conciliar de México, en la zona de Tlalpan de la capital del país, el cardenal Rivera Carrera lanza la que ha sido, hasta ahora, una denuncia pública controvertida: integrantes de La Familia Michoacana exige pagos de hasta 60 mil pesos mensuales a la Arquidiócesis de México, a cambio de respetar la vida de los estudiantes del seminario. A cambio de no secuestrar ni matar a los alumnos del nivel superior del máximo colegio religioso del país.
-Estábamos reunidos ahí en el seminario, en nuestro seminario… varias veces llamaron. Se identificaron como de… de la Familia Michoacana. Porque… querían, para empezar… porque si no matarían a alguno de nosotros… querían, para empezar, 60 mil pesos… y si empieza uno a pagar, pues ¡ya se hizo cliente! Pero… ¿quién sabe?– dice Rivera Carrera.
Y cuando le preguntan sobre las acciones al respecto, el cardenal responde que ha informado inmediatamente a las autoridades federales. Que el caso ya es investigado por quienes deben investigarlo.
-Imagínate, si eso ocurre con Monseñor Rivera ¿qué no pasará con los hermanos que están en las comunidades, en las serranías donde no hay comunicación ni medios para hacerlo público- dice al teléfono el Padre Rolando, días después de nuestro encuentro.
Le platico de ciertas cifras que he encontrado: la extorsión contra religiosos católicos ha crecido como hiedra en México. De un total de 153 reportes de extorsión denunciados en 2010 por sacerdotes, obispos y personas que realizan tareas de evangelización, se escala a mil 465 el año pasado.
De los seminarios de los estados o del seminario en ciudad de México, los reportes indican un peligro inherente.
Le cuento de un intento de explicación a toda esta locura, que me ofrece uno de los autores del informe sobre asesinatos y desapariciones de religiosos, el padre Sergio Omar Sotelo:
-Muchos de los ministros optan por los derechos de los demás. Los sacerdotes protegen a víctimas y conocen dónde están esas personas que delinquen, quiénes son, cómo se manejan- me dice.
-¿Por eso los matan?
-Ellos tienen el pulso de las comunidades, porque la gente se acerca a ellos porque las ven como figuras de autoridad. Es ahí donde vienen los secuestros, las extorsiones- dice el padre Sergio.
Cuando pregunto al Padre Rolando si coincide con el Padre Sergio, me dice sin titubeos:
-Totalmente. Y es más: te diría que hay un número mayor de casos que no llegan a denunciarse, porque el propio sacerdote lo oculta.
No es un asunto menor, dice. La violencia contra los suyos tiene ocupadas a todas las esferas de la iglesia católica mexicana, porque el territorio donde se presentan las agresiones cada día es más extenso.
Los casos más recurrentes son los que involucran a agentes de pastoral, la gente encargada de la evangelización y las relaciones con las comunidades, porque son quienes están en contacto continuo, casi a diario, con las víctimas de la corrupción y el crimen organizado.
Ellos reciben las principales amenazas, incluso los golpes, pero también los informes de la gente. Y eso explica la presencia del Padre Gregorio López, el desplazamiento del Padre Rolando, el informe detallado del Padre Sergio, el comunicado conjunto de todos los obispos del país, en el cual muestran su preocupación porque “incluso la atención pastoral a los fieles se esté viendo afectada por las amenazas del crimen organizado”.
Ello explica en fin, que el nuncio apostólico en México, Monseñor Christophe Pierre, haya admitido, a principios de marzo de 2014, que la jerarquía católica también está a merced de la delincuencia y que la iglesia vive dentro de la realidad humana y los sacerdotes comparten la suerte de todos los ciudadanos, no son privilegiados.
“¿Hasta dónde va a llegar esto?”, le pregunto al Padre Rolando y su respuesta es demoledora.
-No se decírtelo en estos momentos… pero cualquiera que sea el camino, que Dios nos ampare.♠
Publicado en Revista Emeequis